Porqué reclamamos.

En febrero de 1975, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón sancionó el decreto N° 261/75, con la esperanza de poner fin a la violencia política imperante en nuestro país.
Lejos de obtener el resultado deseado, se inició con ello una de las etapas más negras en la historia de nuestro país. Miles de conscriptos, desde la clase 53 que se encontraba bajo bandera en ese momento, y hasta la clase 59, fuimos empujados a una lucha entre hermanos, en lo que se denominó "lucha contra la subversión", o también "guerra sucia", que desde los bosques tucumanos se extendió
a cada centímetro cuadrado del país en cuestión de días o semanas. Una guerra inventada, con el propósito de imponer a sangre y fuego, la más siniestra de las políticas en todos los órdenes: social, económico, político, institucional, ideológico y cien etcéteras más que podrían agregarse aquí sin temor a faltar a la verdad. Hasta arribar, sin prejuicio alguno, al quiebre institucional con la instauración del llamado "Proceso de Reorganización Nacional". En medio de esa vorágine de locura y terror que signó esos años nefastos, nos encontrábamos los conscriptos: la ley de Servicio Militar Obligatorio nos ponía en manos de siniestros personajes, muchos de ellos genocidas sin piedad, y padecíamos las mismas violaciones y maltratos que el resto de la sociedad. Era obvio: para esas mentes, no éramos más que civiles que 'merodeaban' dentro de los cuarteles, ideológicamente desconocidos y potencialmente subversivos. Más de 230 conscriptos desaparecidos en tan trágico período son prueba de ello. La ley de Servicio Militar era de cumplimiento obligatorio, sin posibilidad de elección, y una vez incorporados, no existía la posibilidad de declinar conductas u órdenes, so pena de vejámenes de todo tipo que llegaban hasta la desaparición forzosa, que nos encuadraba hipócritamente en la figura de "desertores". Teníamos 20 y 18 años: nuestra mente puesta en el rock'n roll pasó, de un día para otro, a ser lavada y manipulada para servir al 'Proceso', fusil en mano, y con la vida en constante peligro y ultrajada infatigablemente, no sea cosa que se nos diera por 'pensar'. Desde la recuperación de la democracia y el estado de derecho, casi todas las víctimas de la dictadura han sido reconocidas, y en gran medida reparados los males causados. Casi todas. Casi todas menos los ex conscriptos de aquellos años nefastos. De los ex conscriptos muy pocos parecen acordarse, o muy pocos 'quieren' acordarse. Mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la construcción de la memoria. No se construye la memoria olvidando y abandonando a una parte que fue protagonista 'obligada' y partícipe innecesario de tales acontecimientos históricos. Téngase presente, además, que muchos conscriptos fueron movilizados a la frontera, en oportunidad del conflicto con Chile por el Canal de Beagle. Llevamos 30 años de olvido: demasiado tiempo hemos esperado ya. Hubo sí, quienes propiciaron el merecido reconocimiento y la reparación histórica que los ex conscriptos reclamamos. Lo más sobresaliente en tal sentido, fue la presentación del proyecto de ley 3410-D-2006, que impulsado por los diputados Díaz, Olmos y Salim, ingresó a diputados el 21/6/2006. Y desde ese día, permaneció cajoneado en la Comisión de Previsión, sin tratamiento alguno. A manera de broche de oro, estos 30 años de olvido y abandono fueron coronados con un año y medio de desidia legislativa que culminó ayer, 30 de noviembre, con la pérdida de estado parlamentario del proyecto de Ley 3410-D-2006. Es por ello que hoy, reclamamos que se reflote un proyecto de ley que nos otorgue el merecido reconocimiento y reparación que nos corresponde por derecho. Es deber de esta sociedad, recuperar la memoria respecto de los conscriptos comprendidos entre las clases 53 a 59: de los que murieron en enfrentamientos sin elección, de los que desaparecieron por pretender elegir, y de los que sobrevivimos porque obedecimos, sometidos a fuerza de terror y sin la posibilidad del disenso.